Términos y condiciones

AlPelo Pro proporciona herramientas de agenda y gestión a negocios de peluquería, barbería y estética. El servicio de peluquería o estética lo presta el negocio elegido, que establece sus precios, disponibilidad y condiciones de reserva.

Facilita datos veraces y mantén seguras tus credenciales. No realices reservas falsas, suplantes identidades ni intentes acceder a datos de otras personas o negocios. Cada negocio debe gestionar los permisos de su equipo y los datos que incorpora a la plataforma conforme a la normativa aplicable.

Revisa el negocio, profesional, servicios, fecha, hora y precio antes de confirmar. La disponibilidad puede cambiar hasta completar la reserva. Las condiciones y límites de cancelación aplicables son los establecidos por el negocio y mostrados en el proceso de reserva. Para incidencias sobre un servicio, modificación o devolución, contacta con el negocio que lo presta.

Un fallo en el envío de un recordatorio no cancela por sí mismo una cita confirmada. Consulta su estado en la aplicación o con el negocio.

Las funciones disponibles dependen del plan y la configuración del negocio. Antes de contratar un servicio de pago, revisa su precio, periodicidad y condiciones específicas en la oferta y el proceso de contratación. Estas condiciones generales no sustituyen esa información ni limitan los derechos legales de los consumidores.

La Política de Privacidad explica las finalidades y bases del tratamiento de datos. La gestión de una reserva es independiente de la autorización opcional para publicidad. Consulta también la Política de Cookies para conocer el almacenamiento del navegador y sus controles.

Pueden producirse interrupciones o tareas de mantenimiento. No se garantiza una disponibilidad ininterrumpida. Ninguna cláusula excluye responsabilidades o derechos que legalmente no puedan limitarse. Los contenidos y el software están protegidos por los derechos de sus titulares.

Para consultas sobre la plataforma utiliza el contacto del titular indicado arriba. Se aplica la legislación española, sin privar al consumidor de la protección imperativa ni de los tribunales que legalmente le correspondan.